Fichas

Búsqueda avanzada

Pinceladas para la memoria
Este libro es un instrumento de paz, en el que artistas naturales de los departamentos de Tolima y Boyacá, durante 2018 y 2019, expusieron su enfoque sobre lo vivido, y la ilusión que despertaba la implementación de un acuerdo de paz. Así mismo, en la Bogotá postpandemia, se encontraron los mismos reflejos indolentes provocados por la guerra, que fueron dibujados en lienzos. En 2023, hombres y mujeres sencillos, humildes que se dedican a limpiar las calles de la capital del país, dejaron en sus obras, las sombras del conflicto; pero también mostraron la luz de la esperanza de un acuerdo, que se materializaba en sencillos actos, donde víctimas y victimarios se encuentran en una discusión de trazos y colores, sin odios, unidos bajo una valiosa vocación de servicio. El documento da cuenta del propósito del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia que ha dispuesto de capacidades excepcionales al servicio de la construcción de la memoria histórica, y por intermedio del Comando Conjunto Estratégico de Transición se ha propuesto visibilizar desde las artes plásticas, su visión sobre el conflicto armado vivido por colombianos del común, todo desde una línea estratégica que aprueba la creación de espacios de reparación colectiva- simbólica, para la preservación de la historia y la memoria histórica.
Decisión judicial y situación carcelaria en Colombia: la encrucijada de los fallos estructurales*.
La situación de las cárceles en Colombia regresó, después de quince años, al análisis estructural de la Corte Constitucional. En esta ocasión, tras dos nuevos fallos de estado de cosas inconstitucional, la Corte resolvió reenfocar el entendimiento del problema carcelario y profirió órdenes de diversa índole para conjurar el déficit de derechos de las personas privadas de la libertad. Pese a estos esfuerzos de la Corte, sus fallos parecen no haber tenido éxito en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, enfrentándose así a una encrucijada que impide su cumplimiento. Este artículo de reflexión analiza estas decisiones a la luz de teorías de carácter general sobre los fallos estructurales y en particular sobre aquellas relativas al sistema penitenciario y carcelario para describir cómo se expresa dicha encrucijada y se propone un remedio judicial que, sin ser susceptible de álgidos debates, puede resulta en una medida efectiva para la protección inmediata de la población privada de la libertad. (Tomado de la fuente).
Reporte periodístico. “Antes del portón azul eres un ser humano, después te reducen a un número”: derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad.
Este reportaje muestra cómo, de forma sistemática y estructural, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cisgénero privadas de la libertad en Colombia. Es un esfuerzo por acercarse a sus realidades, entendiendo que ocupan un doble espacio de vulnerabilidad, pues además de ser mujeres y desafiar los prejuicios sociales impuestos a su género; al estar encarceladas, tienen necesidades específicas, se enfrentan a amplias barreras de acceso y ven reducido su margen de acción. (Tomado de la fuente).
Protesta y Derechos Humanos.
El informe subraya que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, y los Estados la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Para ello, los Estados deben respetar el limitado espacio que tienen para establecer restricciones legítimas a manifestaciones y protestas. El informe también actualiza el ejercicio de estos derechos en relación con la importancia creciente de Internet, los medios de comunicación y el rol de publicidad, así como la protección del control social que cumplen los periodistas y comunicadores durante la organización, convocatoria y ejercicio de la protesta. (Tomado de la fuente).
Machuca.
Machuca, también conocido como Fraguas, es un pueblito desconocido para muchos, inclusive para la misma gente del departamento de Antioquia, queda a unos 250 km de distancia de la ciudad de Medellín en el nordeste del departamento. El 18 de octubre de 1998, Machuca se convirtió en noticia nacional e internacional. El ELN atentó contra el oleoducto de OCENSA cerca de Machuca, el incendió que se prendió después segó la existencia a 84 personas y cambió para siempre la vida de los sobrevivientes, muchos de ellos llevan cicatrizado en la piel el recuerdo de esa noche, el cual evocan cada vez que se miran al espejo. Periódicos y canales de televisión en todo el mundo reportaron los hechos. Yo salí de Segovia (Antioquia) en febrero 1996, en el lapso entre mi salida y el infierno de Machuca, el Ejército colombiano y los paramilitares masacraron a diestra y siniestra, acabaron con el Comité de Derechos Humanos del Nordeste, pero todo eso pasó desapercibido, el atentado contra el oleoducto y la conflagración posterior cambió eso, momentáneamente. De repente Machuca y el municipio de Segovia al que pertenece eran noticia. Sentado en mi casa en Dublín, vi la noticia: 84 personas muertas en Segovia. El noticiero principal de Irlanda lo anunció, de repente se podía hablar de esa parte de Colombia. (Tomado de la fuente).
Los derechos reproductivos son derechos humanos.
Mediante la presente publicación, se pone a disposición un compendio de cuatro investigaciones, con el fin de propiciar conocimientos que faciliten el debate, la argumentación y la toma de decisiones: Tomo 1: Los derechos reproductivos son derechos humanos. Tomo 2: Protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Tomo 3: La anticoncepción oral de emergencia. El debate legal en América Latina. Tomo 4: Reproducción asistida, género y derechos humanos en América Latina.
El aprendiz del embrujo: Finge la paz, reinventa la guerra, privatiza lo público. Balance del primer año de gobierno de Iván Duque.
En la vida de las personas se definen los cumpleaños como referencia del crecimiento y la perdurabilidad personal, y en la política como hitos que permiten revisar el estado de la vida republicana, cómo se mantienen las cosas o qué promesas de cambio se acrisolan en el abrirse o cerrarse un ciclo de los destinos colectivos. Y ese ritual íntimo o público acontece en medio de una felicidad, una crisis o un duelo, pero siempre como un recogimiento, un alto en el camino para mirarse y reconocerse. En el caso de este libro, que se propone como una mirada al primer año del gobierno actual, la efemérides acontece en un extraño momento que combina sentimientos y ante todo pasiones al mismo tiempo tristes y alegres derivadas de la hondura de nuestra tragedia nacional, pero también de la entereza de las gentes colombianas que como aquí puede verse, siguen pilando por el afrecho aun en medio de la desazón y la incertidumbre, el dolor y la indignación ante la terca imposición de la violencia y el cinismo por parte de los poderes económicos y políticos, con una esperanza contenida y expectante que se levanta en plenas vísperas electorales. (Tomado de la fuente).
Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz.
El informe advierte con preocupación, que el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos se presenta de manera particular con ocasión a ciertos contextos en los cuales las personas defensoras realizan su trabajo y defienden o reivindican determinados derechos: i) contra quienes ejercen un liderazgo ambiental o pertenecen a organizaciones sociales que plantean reclamos relacionados con el acceso a la tierra y la defensa del territorio y el medio ambiente, puesto que el 74% de las personas defensoras judicializadas ejercen un liderazgo ambiental; ii) quienes promueven y participan en el ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en los llamados paros agrarios, en la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, y en protestas contra proyectos minero-energéticos; y iii) aquellas personas que defienden la salida política del conflicto armado y promueven la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente los programas relacionados con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. (Tomado de la fuente).
Informe alternativo al sexto examen periódico de Colombia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Para el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022 Colombia siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y no ha acatado las recomendaciones formuladas por el CAT en la última revisión. En Colombia persisten los patrones de sistematicidad en la realización del delito de tortura y de TPCID en contra de sectores y poblaciones vulnerables, entre ellos, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; defensoras y defensores de derechos humanos; adultos mayores; mujeres y población LGBTIQ+. La tortura es usada tanto por actores armados ilegales como por el Estado para constreñir, silenciar y estigmatizar el ejercicio de distintos derechos. Persiste la invisibilización de actos de tortura o de TPCID cuando se cometen concomitantemente con otros delitos o violaciones conexas. Los índices de impunidad y de falta de reparación a las víctimas siguen siendo alarmantes, y preocupa especialmente la falta de herramientas estatales de monitoreo sobre este delito y el subregistro existente. (Tomado de la fuente).
Revista Criminalidad. volumen 57, número 2.
Diversas investigaciones en el ámbito de la psicología forense y criminología. Explora la empatía en agresores sexuales y delincuentes violentos, la percepción de internos sobre su regreso a la libertad en cárceles colombianas, y desmitifica conceptos como psicosis y psicopatía en relación con la violencia. También examina la Tríada Oscura de la Personalidad desde una perspectiva evolutiva, destacando la influencia socioambiental en estos rasgos.
Organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Lecciones para aprender del eterno retorno de la guerra.
En el presente informe se realizó un estado del arte de la discusión frente a la caracterización del fenómeno, el cual se divide de manera general en dos grandes posturas: las más cercanas a la institucionalidad que adoptan el concepto de bandas criminales (Bacrim) en lo que se refiere a las bandas emergentes propias de procesos de desmovilización y procesos de paz, y quienes han caracterizado el momento actual de las estructuras como parte de un proceso de larga duración del fenómeno paramilitar. Sin embargo, al interior de este último grupo se encuentran posturas divergentes. Unas ubican el fenómeno paramilitar entre las décadas de los ochenta y los noventa del siglo xx, y, con la aparición de acdegam y las autodefensas del Magdalena Medio y otros grupos, lo identifican como un elemento crucial que hizo parte de las estrategias contrainsurgentes que se implantaron en el país desde la segunda mitad del siglo xx. (Tomado de la fuente).
Desmantelamiento del Paramilitarismo. Propuesta de lineamientos de política pública.
La presente propuesta de lineamientos de política pública parte del reconocimiento y reivindicación del Acuerdo Final de Paz como parámetro de interpretación constitucional y desarrollo normativo, que en concordancia con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, que ordena preservar “los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final” en el diseño de las políticas que lo desarrollan, nos obliga a proponer programas y planes que respondan de manera estricta a sus mandatos, conceptos y objetivos. (Tomado de la fuente).
Décimo informe de seguimiento de la sociedad civil al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario. Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013.
Este Décimo Informe de Seguimiento fue construido por las diferentes personas y organizaciones que componen la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional. Así, este informe aborda las problemáticas de derechos fundamentales que enfrenta la población privada de la libertad, tales como el derecho a la resocialización, a la alimentación, a la salud y al acceso a la justicia, que se han visto particularmente afectados por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y, más aún, por las medidas deficientes adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentarla. En este sentido, la Comisión no sólo concluye que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria persiste, sino que la falla estructural que le dio origen se ha profundizado durante la pandemia y se ha expandido a instituciones fuera del sistema penitenciario y carcelario. (Tomado de la fuente).
Informe alternativo al sexto examen periódico de Colombia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
El presente informe aborda el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022 donde Colombia siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y no ha acatado las recomendaciones formuladas por el CAT en la última revisión.
Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia 2019-2 a 2021.
El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020. (Tomado de la fuente).
"Verdades incompletas y parciales de crímenes de Estado en Casanare".
La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de las demás instancias surgidas en el marco del Acuerdo de Paz, generó grandes expectativas en la sociedad colombiana y, especialmente entre las víctimas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que tuvo distintas manifestaciones durante, por lo menos, seis décadas. Se han visto estos mecanismos como herramientas para lograr el esclarecimiento de las atrocidades perpetradas tanto por las entidades estatales como por los integrantes de la mayor organización guerrillera contraestatal, que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, la expectativa de poder llevar los responsables principales de estos crímenes ante escenarios judiciales se ha elogiado como uno de los logros más significativos en el proceso detransición, a nivel mundial. (Tomado de la fuente).
Balances y perspectivas del cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia (2016-2022).
Iniciativa surgida en Euskal Herria, en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) por un motivo fundamental: uno de los objetos de estudio de los y las profesoras del área científica de Relaciones Internacionales de nuestro Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas y del Pensamiento Político, es el análisis y seguimiento de los conflictos internacionales o, en su caso, inicialmente internos, pero con el transcurso del tiempo internacionalizados; así como los intentos y procesos negociados de resolución de conflictos y conclusión de acuerdos de paz. (Tomado de la fuente).
Las víctimas al centro: estado de la implementación del Acuerdo Final desde la perspectiva de sus derechos diciembre 2016 a septiembre 2022. INFORME ESPECIAL.
Este informe presenta el estado de la implementación de las disposiciones del Acuerdo Final orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y cubre el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y septiembre de 2022. Para el desarrollo de este informe, el Instituto Kroc siguió la metodología desarrollada para hacer seguimiento a la implementación general del Acuerdo y estableció criterios metodológicos especiales para realizar un análisis en clave de los derechos de las víctimas. En consecuencia, el Instituto Kroc estableció cinco ejes de análisis, cinco criterios de selección y tres criterios de exclusión para analizar, identificar y seleccionar las disposiciones de la Matriz Barómetro relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas. (Tomado de la fuente).
Más allá de los muros. Crónicas de mujeres privadas de la libertad.
Esta publicación es realizada por el Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) Seccional Cundinamarca con la participación del Colectivo de Mujeres Libres y el colectivo Cuerpos en prisión, mentes en acción, en apoyo con el Fondo Lunaria. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización que durante más de 40 años ha velado por el respeto y la garantía de los derechos humanos (DDHH) de las personas privadas de la libertad, en especial de aquellas que se encuentran procesadas o condenadas por delitos políticos, promoviendo mejoras en el sistema de justicia colombiano y exigiendo la implementación de una política criminal democrática con justicia social y desde un enfoque de género, para aportar a la construcción de un Estado respetuoso de los DDHH, la democracia y la paz. La FCSPP procura el mejoramiento de las condiciones de los sitios de detención y de los mecanismos de protección de las personas privadas de la libertad, realiza acciones de visibilización, prevención y denuncia de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos por agentes estatales. (Tomado de la fuente).
GARANTÍAS PARA EL CAMBIO. Dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
El informe Garantías para el cambio: dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, elaborado gracias a un trabajo conjunto entre el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores (PSD) tiene como propósito presentar de manera sintética las principales falencias en la implementación de mecanismos que se consideran pilares en la construcción de una política pública de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y que fueron consagrados en el Acuerdo de Paz, junto con algunas recomendaciones de largo alcance al Gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez que se consideran fundamentales para encauzar el rumbo de su implementación, avanzar en la superación de las violencias que enfrentan las personas defensoras y liderazgos sociales y la configuración de una política pública de garantías para el ejercicio de a labor de defensa de los derechos humanos. (Tomado de la fuente).
Revista Criminalidad en 1988 : Volumen 31.
Revista Criminalidad, volumen 57, número 1.
El conjunto de artículos analiza diversas temáticas socio-jurídicas en Colombia y a nivel internacional. Abordan la situación de mujeres reclusas desde una perspectiva de género, la escasez de estudios sobre riesgo y prevención de la violencia, las medidas de seguridad para personas con trastornos psíquicos en el sistema penitenciario español, la noción de riesgo médico en responsabilidad civil, el feminicidio en el contexto de la violencia contra la mujer y el miedo al crimen en relación con la incivilización social en comunidades urbanas colombianas. Cada artículo ofrece análisis detallados y propuestas para mejorar enfoques y políticas en estos ámbitos.
Guía Práctica. Defender el Derecho a la protesta social en Colombia.
Parte de los documentos presentados en esta cartilla surgen del trabajo que durante años las organizaciones que han participado activamente de la Campaña Defender la libertad: asunto de todas han venido construyendo colectivamente. (Tomado de la fuente).
El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021.
Durante el año 2021, Colombia vivió la continuación de fuertes procesos de movilización social y de exigibilidad de derechos humanos, colectivos, ambientales, territoriales, relacionados con la construcción de paz, comunidades empobrecidas y sometidas a un a la precariedad derivada del pésimo manejo a la crisis sanitaria, económica, ecológica y socioambiental. (Tomado de la fuente).
Torturar y Castigar a Quien Protesta.
El presente informe considera como estallido social, los tres periodos de movilización ocurridos entre el 21 de noviembre de 2019, el 9 al 11 de septiembre de 2020 y el 28 de julio de 2021. Estos datos buscan dar un contexto y sustento al análisis del uso de la fuerza y la tortura durante la protesta social. (Tomado de la fuente).