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• Organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Lecciones para aprender del eterno retorno de la guerra.
  En el presente informe se realizó un estado del arte de la discusión frente a la caracterización del fenómeno, el cual se divide de manera general en dos grandes posturas: las más cercanas a la institucionalidad que adoptan el concepto de bandas criminales (Bacrim) en lo que se refiere a las bandas emergentes propias de procesos de desmovilización y procesos de paz, y quienes han caracterizado el momento actual de las estructuras como parte de un proceso de larga duración del fenómeno paramilitar. Sin embargo, al interior de este último grupo se encuentran posturas divergentes. Unas ubican el fenómeno paramilitar entre las décadas de los ochenta y los noventa del siglo xx, y, con la aparición de acdegam y las autodefensas del Magdalena Medio y otros grupos, lo identifican como un elemento crucial que hizo parte de las estrategias contrainsurgentes que se implantaron en el país desde la segunda mitad del siglo xx. (Tomado de la fuente).
• Desmantelamiento del Paramilitarismo. Propuesta de lineamientos de política pública.
  La presente propuesta de lineamientos de política pública parte del reconocimiento y reivindicación del Acuerdo Final de Paz como parámetro de interpretación constitucional y desarrollo normativo, que en concordancia con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, que ordena preservar “los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final” en el diseño de las políticas que lo desarrollan, nos obliga a proponer programas y planes que respondan de manera estricta a sus mandatos, conceptos y objetivos. (Tomado de la fuente).
• Décimo informe de seguimiento de la sociedad civil al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario. Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013.
  Este Décimo Informe de Seguimiento fue construido por las diferentes personas y organizaciones que componen la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional. Así, este informe aborda las problemáticas de derechos fundamentales que enfrenta la población privada de la libertad, tales como el derecho a la resocialización, a la alimentación, a la salud y al acceso a la justicia, que se han visto particularmente afectados por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y, más aún, por las medidas deficientes adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentarla. En este sentido, la Comisión no sólo concluye que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria persiste, sino que la falla estructural que le dio origen se ha profundizado durante la pandemia y se ha expandido a instituciones fuera del sistema penitenciario y carcelario. (Tomado de la fuente).
• Informe alternativo al sexto examen periódico de Colombia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
  El presente informe aborda el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022 donde Colombia siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y no ha acatado las recomendaciones formuladas por el CAT en la última revisión.
• Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia 2019-2 a 2021.
  El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020. (Tomado de la fuente).
• "Verdades incompletas y parciales de crímenes de Estado en Casanare".
  La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de las demás instancias surgidas en el marco del Acuerdo de Paz, generó grandes expectativas en la sociedad colombiana y, especialmente entre las víctimas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que tuvo distintas manifestaciones durante, por lo menos, seis décadas. Se han visto estos mecanismos como herramientas para lograr el esclarecimiento de las atrocidades perpetradas tanto por las entidades estatales como por los integrantes de la mayor organización guerrillera contraestatal, que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, la expectativa de poder llevar los responsables principales de estos crímenes ante escenarios judiciales se ha elogiado como uno de los logros más significativos en el proceso detransición, a nivel mundial. (Tomado de la fuente).
• Balances y perspectivas del cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia (2016-2022).
  Iniciativa surgida en Euskal Herria, en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) por un motivo fundamental: uno de los objetos de estudio de los y las profesoras del área científica de Relaciones Internacionales de nuestro Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas y del Pensamiento Político, es el análisis y seguimiento de los conflictos internacionales o, en su caso, inicialmente internos, pero con el transcurso del tiempo internacionalizados; así como los intentos y procesos negociados de resolución de conflictos y conclusión de acuerdos de paz. (Tomado de la fuente).
• Las víctimas al centro: estado de la implementación del Acuerdo Final desde la perspectiva de sus derechos diciembre 2016 a septiembre 2022. INFORME ESPECIAL.
  Este informe presenta el estado de la implementación de las disposiciones del Acuerdo Final orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y cubre el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y septiembre de 2022. Para el desarrollo de este informe, el Instituto Kroc siguió la metodología desarrollada para hacer seguimiento a la implementación general del Acuerdo y estableció criterios metodológicos especiales para realizar un análisis en clave de los derechos de las víctimas. En consecuencia, el Instituto Kroc estableció cinco ejes de análisis, cinco criterios de selección y tres criterios de exclusión para analizar, identificar y seleccionar las disposiciones de la Matriz Barómetro relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas. (Tomado de la fuente).
• Más allá de los muros. Crónicas de mujeres privadas de la libertad.
  Esta publicación es realizada por el Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) Seccional Cundinamarca con la participación del Colectivo de Mujeres Libres y el colectivo Cuerpos en prisión, mentes en acción, en apoyo con el Fondo Lunaria. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización que durante más de 40 años ha velado por el respeto y la garantía de los derechos humanos (DDHH) de las personas privadas de la libertad, en especial de aquellas que se encuentran procesadas o condenadas por delitos políticos, promoviendo mejoras en el sistema de justicia colombiano y exigiendo la implementación de una política criminal democrática con justicia social y desde un enfoque de género, para aportar a la construcción de un Estado respetuoso de los DDHH, la democracia y la paz. La FCSPP procura el mejoramiento de las condiciones de los sitios de detención y de los mecanismos de protección de las personas privadas de la libertad, realiza acciones de visibilización, prevención y denuncia de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos por agentes estatales. (Tomado de la fuente).
• GARANTÍAS PARA EL CAMBIO. Dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
  El informe Garantías para el cambio: dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, elaborado gracias a un trabajo conjunto entre el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores (PSD) tiene como propósito presentar de manera sintética las principales falencias en la implementación de mecanismos que se consideran pilares en la construcción de una política pública de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y que fueron consagrados en el Acuerdo de Paz, junto con algunas recomendaciones de largo alcance al Gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez que se consideran fundamentales para encauzar el rumbo de su implementación, avanzar en la superación de las violencias que enfrentan las personas defensoras y liderazgos sociales y la configuración de una política pública de garantías para el ejercicio de a labor de defensa de los derechos humanos. (Tomado de la fuente).
• Revista Criminalidad, volumen 57, número 1.
  El conjunto de artículos analiza diversas temáticas socio-jurídicas en Colombia y a nivel internacional. Abordan la situación de mujeres reclusas desde una perspectiva de género, la escasez de estudios sobre riesgo y prevención de la violencia, las medidas de seguridad para personas con trastornos psíquicos en el sistema penitenciario español, la noción de riesgo médico en responsabilidad civil, el feminicidio en el contexto de la violencia contra la mujer y el miedo al crimen en relación con la incivilización social en comunidades urbanas colombianas. Cada artículo ofrece análisis detallados y propuestas para mejorar enfoques y políticas en estos ámbitos.
• Guía Práctica. Defender el Derecho a la protesta social en Colombia.
  Parte de los documentos presentados en esta cartilla surgen del trabajo que durante años las organizaciones que han participado activamente de la Campaña Defender la libertad: asunto de todas han venido construyendo colectivamente. (Tomado de la fuente).
• El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021.
  Durante el año 2021, Colombia vivió la continuación de fuertes procesos de movilización social y de exigibilidad de derechos humanos, colectivos, ambientales, territoriales, relacionados con la construcción de paz, comunidades empobrecidas y sometidas a un a la precariedad derivada del pésimo manejo a la crisis sanitaria, económica, ecológica y socioambiental. (Tomado de la fuente).
• Torturar y Castigar a Quien Protesta.
  El presente informe considera como estallido social, los tres periodos de movilización ocurridos entre el 21 de noviembre de 2019, el 9 al 11 de septiembre de 2020 y el 28 de julio de 2021. Estos datos buscan dar un contexto y sustento al análisis del uso de la fuerza y la tortura durante la protesta social. (Tomado de la fuente).
• Por el derecho a luchar y la no violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
  El presente informe pretende evidenciar la sistematicidad en dichas agresiones. El informe parte de un contexto general y aborda el papel de las NNA en el Paro Nacional como participantes activos. Luego, el documento aborda las vulneraciones cometidas en contra de NNA tales como asesinatos, violencias basadas en género, lesiones oculares, heridas con arma de fuego, otras heridas, detenciones arbitrarias, entre otras. Para ello, se tienen en cuenta los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP), nutrido por la labor en terreno realizada por las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil, así como la revisión de prensa y contrastación de fuentes de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. Finalmente, se presenta un análisis de los hechos a la luz de las obligaciones internacionales del Estado, así como diferentes recomendaciones relacionadas con las violencias evidenciadas. (Tomado de la fuente).
• Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
  Con la presente política pública el Estado colombiano asume el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de los defensores y defensoras de DD. HH., líderes y lideresas sociales y políticos. Además, esta política asume el compromiso de fortalecer una instancia creada por el Estado para diseñar, armonizar e implementar una política criminal orientada a hacer frente a los fenómenos delictivos que amenazan y atentan contra las personas que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz. (Tomado de la fuente).
• Informe especial. Situación de emergencia por vulneraciones a los derechos humanos en el Departamento del Cauca.
  El presente documento contiene un análisis de factores de riesgo en los territorios, la descripción estadística de hechos, unas solicitudes concretas y el registro de nuestros compañeros y compañeras asesinadas en el año 2020. Hemos podido sistematizar estos casos gracias a la valentía de fuentes primarias y de quienes construyeron las fuentes secundarias, de quienes se atrevieron a recepcionar y denunciar información sobre las atrocidades que se perpetran, a pesar de los riesgos que esto les acarrea. Igualmente acudimos a informaciones recibidas de organizaciones sociales hermanas, medios de comunicación e instituciones como las Personerías y las Defensoría Regional del Pueblo. Si bien, el informe no recoge la totalidad de los hechos, es en sí, preocupante por su magnitud y sirve de insumo para vislumbrar las realidades vividas por las comunidades urbanas y rurales del Departamento. (Tomado de la fuente).
• Décimo informe de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388.
  Este Décimo Informe de Seguimiento fue construido por las diferentes personas y organizaciones que componen la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional. Así, este informe aborda las problemáticas de derechos fundamentales que enfrenta la población privada de la libertad, tales como el derecho a la resocialización, a la alimentación, a la salud y al acceso la justicia, que se han visto particularmente afectados por las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 y, más aún, por las medidas deficientes adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentarla. En este sentido, la Comisión no sólo concluye que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria persiste, sino que la falla estructural que le dio origen se ha profundizado durante la pandemia y se ha expandido a instituciones fuera del sistema penitenciario y carcelario. (Tomado de la fuente).
• Informe alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Colombia 2003-2009.
  El presente informe analiza la situación de la tortura en Colombia, después del último examen al que fue sometido el Estado, por el Comité, en noviembre de 2003. Este documento contiene información que permite evidenciar que Colombia ha incumplido con las obligaciones derivadas de la Convención y con la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 2003. Es urgente que el Comité, en el marco de su análisis, reitere las recomendaciones previas hechas al Estado. (Tomado de la fuente).
• Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia 2019-II a 2021.
  El periodo de tiempo estudiado en este informe comprende del segundo semestre de 2019 a noviembre de 2021 y hace parte de un grupo de publicaciones realizadas por la Fundación CSPP con el ánimo de demostrar la utilización del aparato de justicia con fines ilicititos, comúnmente ligados a intereses privados o a autoridades del Estado que recurren a la judicialización con el objetivo de acosar o desprestigiar la labor de defensores de derechos humanos. Dentro de esta colección se encuentran los informes “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” publicado en diciembre de 2019 y “Lo absurdo sobre lo obvio: criminalización histórica al reclamo y defensa de los derechos humanos en Antioquia” publicado en el 2020. (Tomado de la fuente).
• El riesgo de defender la libertad en las calles.
  Informe sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Colombia desde el 28 de abril de 2021 en el marco de las jornadas del Paro Nacional desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (Tomado de la fuente).
• Colombia adentro : relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región Centro.
  El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este libro del tomo territorial da cuenta de los hallazgos de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado en la región Centro. Entre las cordilleras Central y Oriental se encuentra esta región conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. De sus montañas se forman cauces que descienden rápidamente entre bosques, altiplanos que se insertan en la cordillera y fueron cuna de antiguas civilizaciones, pasando por fértiles tierras y escarpados cánones sembrados de café, hasta llegar a tierras cálidas y secas donde todos estos pequeños cauces se unen y forman el gran rio Magdalena que atraviesa la región de sur a norte, entrelazándose con su historia y sus gentes. En la región Centro pueden ubicarse los antecedentes y gran parte de las situaciones que explican el origen del conflicto armado interno, los conflictos por la tierra y las dificultades del régimen político para abrir espacios a la participación democrática por fuera de las redes clientelares. Demandas tanto de los campesinos sobre la titulación de la tierra como de los ciudadanos ubicados en zonas urbanas que, como resultado del proceso de industrialización y urbanización del país, pedían bienes y servicios públicos. Como correlato de las luchas sindicales y agrarias que emergieron en esta zona, encontramos en la historia regional El miedo al pueblo y el anticomunismo que caracterizo el régimen político colombiano desde los años veinte y que conecta con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la Violencia bipartidista, que rápidamente tránsito a la violencia anticomunista y el conflicto entre insurgencia y contrainsurgencia. La guerra de Villarrica es el hito que marca el inicio del nuevo ciclo de violencia que enfrenta por el poder a las elites que controlan el Estado y las guerrillas comunistas. La región fue laboratorio de contrainsurgencia, incluso antes de la existencia de las guerrillas modernas. El comunismo fue por mucho tiempo un disenso no aceptado y considerado ilegitimo y violento por naturaleza. Fue considerado el enemigo de las bases mismas de la comunidad nacional, que desde su formación colonial tenía un carácter excluyente. De fondo, estaba el miedo a la participación autónoma de las clases populares por fuera de los partidos tradicionales, que ha representado un obstáculo para la democratización de la riqueza y el poder en Colombia y ha sido causa de la violencia contra los opositores políticos, a los que se extendió la categoría de ≪enemigo≫.
• Colombia adentro : Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Pacífico.
  De Roux Rengifo, Francisco José , presidente.
• Colombia adentro : relatos territoriales sobre el conflicto armado. Caribe.
  El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La region Caribe nos cuenta las manifestaciones y particularidades de una guerra que tomo expresiones brutales entre 1990 y 2010. Secuestros, extorsiones y homicidios selectivos cometidos por la insurgencia, y desapariciones forzadas, masacres, torturas, desplazamientos forzados y amenazas a lideres sociales y politicos perpetradas por la contrainsurgencia convirtieron a la region durante estos anos en un escenario de terror. La guerra aseguro el acaparamiento de la tierra y la imposicion de proyectos de desarrollo economico que garantizaran la acumulacion de riqueza sobre el despojo y la desposesion de amplios sectores de la poblacion rural. Como consecuencia, la region se convirtio en la zona del pais con mayor numero de pobres. El resultado es un territorio con hondas desigualdades en el que la actuacion de gran parte de las instituciones del Estado perpetua privilegios y exclusiones.
• Colombia adentro : Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Orinoquía.
  De Roux Rengifo, Francisco José , presidente.